By Tras el choque entre aficionados y policías, diputados buscan aprobar esta semana una reforma para sancionar a quienes generen violencia
El enfrentamiento entre aficionados y policías durante el juego Atlas-Chivas, el sábado pasado en Jalisco, tuvo eco en el Congreso mexicano, donde diputados buscan que esta misma semana quede aprobada una reforma legal contra la violencia en los estadios.
La propuesta fue elaborada por la bancada del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y plantea endurecer las sanciones contra los aficionados violentos —para que se les castigue hasta con cuatro años y medio de prisión—, así como crear un “padrón” que permita identificarlos e impedirles entrar a recintos deportivos, dijo el priista Gerardo Liceaga.
El documento empezó a redactarse hace un año, luego de que a raíz de otros incidentes en algunos juegos, diputados y directivos del futbol mexicano acordaron trabajar en una ley contra la violencia en los estadios.
Liceaga, secretario de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados y excomentarista deportivo, fue uno de los principales redactores de la iniciativa, que en octubre de 2013 fue turnada a revisión en comisiones.
El dictamen de reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte aún no ha sido aprobado porque las bancadas de los tres partidos de izquierda —de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano— cuestionan la dureza de las sanciones y se oponen a que los ciudadanos sean fichados.
Actualmente, la sanción para una persona que genera violencia en un juego varía en las 32 entidades del país y puede reducirse al pago de una multa.
La perredista Alfa González, secretaria de la Comisión de Justicia —el otro órgano que revisa el tema—, señaló que su bancada está a favor de que se castigue la violencia, pero considera que esas penas deben incluirse en códigos penales, no en otro tipo de leyes, y exige que el punto se discuta a detalle, junto con otros como la regulación a la venta de alcohol en recintos deportivos.
“Nosotros no estamos por que esto no se sancione”, dijo. “Queremos que no se complique la aplicación de la ley”.
Para el PRI, sin embargo, las medidas que propone son necesarias y deben ser aprobadas cuanto antes, tanto en comisiones como en el pleno.
“Yo confío en los diputados conscientes de que esto es un problema grave, y que nos está rebasando, para que podamos sacarlo (el dictamen) el próximo jueves”, dijo Liceaga en entrevista este martes.
“De parte del PAN (Partido Acción Nacional) hay una gran apertura para poder sacar este tema adelante. El (Partido) Verde está con nosotros. Nueva Alianza está con nosotros. Con estos grupos parlamentarios, tengo confianza en que el jueves podamos sacar el dictamen adelante”, insistió.
El diputado panista Jorge Sotomayor, integrante de la Comisión de Justicia, confirmó que su bancada está a favor del dictamen y consideró que puntos como el “padrón” de aficionados violentos se han entendido “de manera equivocada”.
Al respecto, Sotomayor dijo en entrevista que un aficionado no podrá ser impedido de entrar a un estadio hasta que esté comprobado que ha cometido actos de violencia.
“No es (un castigo) previo, es más bien para cuando se le juzgue”, señaló el legislador.
La iniciativa plantea que la información acerca de los aficionados violentos se concentre en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y que únicamente tengan acceso a ella las autoridades de los tres niveles de gobierno y los organizadores de encuentros deportivos, no la ciudadanía en general.
Además, se establece que la seguridad dentro de los estadios corresponda a los dueños de los equipos de futbol, mientras fuera de ella sea responsabilidad de los municipios, en primera instancia, aunque éstos podrían solicitar apoyo de los gobiernos estatal y federal.
Dado que se trata de una reforma de ley, la propuesta sólo necesita los votos de una mayoría simple —la mitad más uno— para quedar aprobada en el pleno. Para ello, le basta el respaldo del PRI, el PAN, el Partido Verde y Nueva Alianza.
Si queda avalada en la Cámara de Diputados, será enviada al Senado para su revisión.
